El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley


bank-buildingEn 2009, un empresario chino fue bloqueado por el sistema financiero de Estados Unidos por sospechas de haber vendido partes de misiles a Irán. Según documentos judiciales, el hombre cambió entonces el nombre y la dirección de sus empresas y continuó haciendo transferencias electrónicas a través de Nueva York.

Varios bancos de Nueva York notaron similitudes con las compañías bloqueadas y presentaron más de 40 informes al gobierno marcando las transacciones como sospechosas. En mayo de este año, los reguladores dieron a conocer que estas acciones de los bancos hicieron posible que en 2014 el Departamento de Justicia identificara US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales hechas por el empresario.

Más que en ningún otro momento de la historia, el gobierno de EE.UU. les exige a los bancos que operen como verdaderos auxiliares de la fuerza policial para monitorear actividades sospechosas. Estos requisitos se impusieron a partir de 1996 y se acentuaron con la Ley Patriota, aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero desde entonces las responsabilidades de los bancos han aumentado de manera constante. Desde hace más de una década, las entidades financieras han tenido que presentar “informes de actividades sospechosas” y han recibido multas de miles de millones de dólares por supuestamente no haberlo hecho adecuadamente.

Los bancos deben controlar hoy los fondos que fluyen a través de ellos y alertar a las autoridades sobre cualquier cosa de interés —por ejemplo, una transferencia de dinero a un país de alto riesgo incompatible con el historial de un cliente— para ayudar a descubrir casos de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos.

Por primera vez, los bancos están también asumiendo un rol adicional, el de registro de empresas. En EE.UU., reguladores y legisladores han intentado sin éxito que los estados recopilen información sobre los propietarios de las compañías cuando se crean. Las autoridades están ahora recurriendo a los bancos para ayudar a cerrar la brecha de información.

Las instituciones financieras han sido convertidas en auxiliares de la Justicia, dice Ellen Zimiles, una ex fiscal federal. “El gobierno no puede hacerlo sin ellos; no tiene acceso a la misma información”. Zimiles es ahora directora de investigaciones de la consultora Navigant Consulting Inc., dedicada a la investigación de sobornos corporativos y lavado de dinero.

Los bancos entienden la necesidad de esta comunicación con el gobierno, pero en algunos casos tratan de resistirse para aligerar la carga del cumplimiento, señala Lilly Thomas, una abogada sénior de regulación de Independent Community Bankers of America, una agrupación del sector. “Una de nuestras mayores preocupaciones es que los bancos tienen que ocuparse cada vez más de tareas de aplicación de la ley, lo que les deja cada vez menos tiempo para la banca real, pero reconocemos que tiene que haber un equilibrio”, dice.

Para evitar la burocracia que viene con la presentación de tales informes, muchos bancos están eliminando capas enteras de clientes de mayor riesgo, por ejemplo, los que envían remesas a Somalia. Esto tiene un efecto secundario, dicen los expertos: como los bancos ya no manejan dichas cuentas, se cierra una ventana que la policía podría usar para descubrir posibles irregularidades.

Las nuevas reglas de EE.UU., que entre otras cosas exigen a las entidades reunir datos tales como direcciones y números de pasaportes sobre los “verdaderos dueños” de todas sus cuentas corporativas, incluyendo cualquier persona con al menos una participación de 25% en la empresa y todos los directivos de alto rango, entraron en vigor en mayo. Los expertos dicen que la mayor parte de la carga está al principio, ya que los bancos tienen que crear sistemas para recabar y almacenar la información.

Las empresas de servicios financieros a menudo ya llevan esos registros con ciertas cuentas consideradas de riesgo, como las de áreas de potencial lavado de dinero, dicen los expertos. Ahora, sin embargo, tendrán que crear una base de datos más centralizada para proporcionar esos registros cuando las autoridades los soliciten. También pueden ser penalizadas económicamente con mayor facilidad por no hacerlo.

Según una encuesta realizada por KPMG en 2014 entre más de 300 bancos, los costos de la lucha contra el blanqueo han aumentado en forma considerable. Entre 2001 y 2004, el alza fue de 61%. Para 2007 crecieron 58%, 45% más hasta 2011 y 53% más para 2014, según la encuesta.

El creciente papel que los bancos cumplen en EE.UU. como auxiliares de la Justicia contrasta con la situación en el sector de tecnología, donde las grandes empresas han protagonizado algunas batallas de alto perfil contra el gobierno federal, que exigió cooperación a las empresas. Twitter Inc. recientemente redujo el acceso de algunas agencias de inteligencia a un servicio que examina sus datos y Apple Inc. rechazó una solicitud del gobierno para que lo ayudara a desbloquear el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino, California. Otras compañías de tecnología, incluyendo Google, de Alphabet Inc., y Facebook Inc., defendieron a Apple.

“Hay suficiente historial de acciones de aplicación de la ley impuestas a las instituciones financieras que han gastado una increíble cantidad de tiempo y energía tratando de asegurarse de que siguen todas estas reglas, mientras que la industria tecnológica es un espacio tan diferente, donde históricamente ha habido muy poco en términos de regulación”, dice J. Patrick Rowan, ex director de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. y actualmente abogado privado.

Las revelaciones sobre el caso del empresario chino y otros se hicieron durante la entrega en mayo de los Law Enforcement Award, el segundo evento de este tipo organizado por una unidad del Departamento del Tesoro en reconocimiento a las fuerzas del orden que “hicieron un uso efectivo de” los informes bancarios de actividades sospechosas.

Los funcionarios de distintas organizaciones bancarias, entre ellas la Asociación de Banqueros de EE.UU. y la Comunidad de Banqueros Independientes de EE.UU., distribuyeron placas durante el evento de una hora de duración en el Cash Room del Departamento del Tesoro. Los funcionarios del grupo bancario estaban en representación de las instituciones financieras que habían presentado los informes de actividades sospechosas, porque los documentos son confidenciales. No obstante, la agencia también envió cartas a los presidentes ejecutivos de cada banco para informarles de los casos que se produjeron, dijeron fuentes al tanto.

En el caso del empresario chino, el dinero terminó en los bancos que tenían cuentas corresponsales de Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co. y otros, de acuerdo con documentos judiciales presentados en 2014. Eso le dio al Departamento de Justicia la posibilidad de recuperar la mayor parte de los US$8,5 millones en transacciones presuntamente ilegales. Citigroup y J.P. Morgan no quisieron hacer comentarios. El empresario, Li Fangwei, también conocido como Karl Lee, fue penalmente acusado en 2014, pero está fuera de EE.UU. y no se ha presentado en los tribunales, de acuerdo con documentos de la corte. Li, que ha negado haber cometido delito alguno, no pudo ser contactado para que comentara.

Los bancos envían formularios en línea a la unidad contra el lavado de dinero del Tesoro, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), detallando el tipo de actividad sospechosa, como fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras cosas.

En la entrega de premios, la FinCEN reveló que los mencionados informes, entre ellos varios sobre transferencias sospechosas en Alemania, ayudaron a EE.UU. a agregar a 85 personas a la base de datos de detección de terroristas del FBI. Funcionarios del gobierno también han dicho que están utilizando los informes bancarios para identificar blancos de Estado Islámico, incluyendo qué refinerías atacar vía aérea.

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