Las lecciones que dejó el populismo brasileño


bandera-de-brazil-9859A medida que crece el nacionalismo económico en algunas partes del mundo, Brasil se alza como un ejemplo de cómo las políticas que resultan populares a corto plazo, como los estímulos fiscales y los aranceles para proteger a los trabajadores nacionales, pueden entorpecer el desarrollo.

Los gobiernos brasileños son expertos en dar dádivas a los votantes, desde una ley laboral que favorecía a los trabajadores en los años 40 a subsidios para los pequeños agricultores. Sin embargo, no han sido adeptos a la hora de retirar estas ventajas, al mismo tiempo que crean una economía que sigue estando entre las más cerradas al comercio entre los grandes países.

Los brotes de generosidad y nacionalismo del gobierno son impulsados por una falsa sensación de prosperidad que brota cuando suben los precios de los commodities, asegura el economista Tony Volpon, un ex director del banco central de Brasil.

“No sabemos administrar la riqueza”, dice. “Nos endeudamos basados en las riquezas que tomamos del suelo [y] nunca admitimos que es algo temporal y que parte de ello debería ser ahorrado”.

La tendencia ayuda a explicar por qué una economía que se había expandido 7,5% en 2010 se contrajo, a fin de 2016, cerca de 7% en el curso de dos años, con unas perspectivas lúgubres a futuro. Brasil ha pasado de ser el ejemplo a seguir en los mercados emergentes a una señal de advertencia.

Durante su auge entre 2001 y 2012, Brasil se benefició del galopante crecimiento de China. A medida que el gigante asiático consumía una de las principales exportaciones de Brasil, el mineral de hierro, su precio subió a cerca de US$190 la tonelada en 2011. Sin embargo, cuando China pisó el freno, el metal cayó a US$40 la tonelada en 2015, antes de estabilizarse en alrededor de US$80.

La riqueza de Brasil se movió como un péndulo. Las exportaciones anuales de mineral de hierro alcanzaron US$38.000 millones en 2011, frente a unos US$3.000 millones anteriormente, para luego caer a US$12.800 millones en 2015.

En vez de apretarse el cinturón para abordar la época de vacas flacas, el gobierno insistió en iniciativas populares.

En 2012, la entonces presidenta Dilma Rousseff rompió los contratos a largo plazo con las compañías eléctricas para forzarlas a reducir los precios de los servicios públicos, argumentando que los márgenes de los operadores eran demasiado altos.

Esta popular medida recortó las cuentas de electricidad en 13% en promedio y la ayudó a ganar la reelección en 2014. No obstante, el gobierno tuvo que compensar a las eléctricas por sus pérdidas, así que en 2015 Rousseff se echó para atrás y los precios de la luz subieron cerca de 50%. El ajuste decepcionó a los votantes, contribuyendo a la baja popularidad de la mandataria que impulsó su impugnación en agosto.

Rousseff, una ex guerrillera marxista elegida en representación del mayor partido de izquierda de Brasil, el Partido de los Trabajadores, no fue la única en adoptar tales políticas. Por ejemplo, la ley laboral, célebre por su complejidad, fue creada durante los años 30 por el dictador Getúlio Vargas, un caudillo populista que al día de hoy es considerado como “el padre de los pobres”.

El código laboral ha sido una carga para las empresas, ahuyentando a los inversionistas a largo plazo recelosos de su complejidad y los riesgos legales. De todos modos, aún se mantiene vigente décadas después e incluso el sucesor centrista de Rousseff, el presidente Michel Temer, no trata de cambiarlo sustancialmente.

Para compensar por la ley laboral proempleados, los líderes brasileños han creado una larga lista de amplios subsidios para las grandes empresas.

Los consumidores también recibieron subsidios y los legisladores diseñaron un generoso sistema de pensiones y salarios cómodos para los servidores públicos, los cuales a menudo ganan más que sus contrapartes en el sector privado. La Constitución brasileña prohíbe despedir a empleados estatales o reducir sus salarios.

El déficit fiscal resultante — que a noviembre ascendía a 8,8% del Producto Interno Bruto— ha hecho que el banco central eleve su tasa de interés de referencia, la cual se ubica en 13,75%, en momentos en que la economía entra en su tercer año de recesión.

Los economistas prevén una expansión de apenas 0,5% en 2017. Pasarán años antes de que la brecha fiscal se reduzca a niveles sostenibles. El desempleo, que se ubica actualmente en 12%, probablemente siga creciendo este año, proyectan.

Estados como Rio de Janeiro enfrentan protestas casi a diario, conforme los gobernadores tratan de revertir subsidios que fueron implementados en épocas de abundancia.

Este y otros estados pidieron ayuda federal y en diciembre el Congreso permitió que Temer les ofreciera alivio por sus deudas. Originalmente el proyecto de ley imponía disciplina fiscal a cambio de tasas bajas y un cronograma extendido de pagos, pero los legisladores retiraron esas condiciones. Temer terminó vetando partes de la legislación, lo que la devolvió al principio del proceso.

Entre tanto, muchos brasileños comunes y corrientes e intelectuales señalan que reducir las altas tasas de inequidad del país tiene que ser la primera meta de cualquier gobierno.

“El gasto social debe crecer para contrarrestar la exclusión”, dice Marcio Porchmann, economista del Instituto Perseu Abramo, un centro de estudios de izquierda. “No fue un desperdicio”.

Esa idea fue consagrada en la enorme Constitución redactada en 1988, la cual incluye un capítulo entero sobre derechos sociales.

Temer ha propuesto enmiendas para limitar el gasto público y hacer las reglas de jubilación más estrictas. Incluso esos pasos cautelosos han contribuido a su baja popularidad, que llega a cerca de 13%, y el mandatario ha señalado que no llevaría a cabo un cambio más radical.

“La Constitución es el resultado de la conciencia social y continuaremos haciendo eso”, dijo Temer recientemente.

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